Compañeras y compañeros:
En 1997, ofrecimos a la ciudadanía poner todo nuestro empeño para revertir el perverso orden de prioridades de las políticas públicas de los últimos tres sexenios, en el que se privilegian los intereses de una pequeña minoría apoderada de la riqueza y del poder del país, sacrificando el salario, la educación pública y gratuita, los créditos para vivienda de interés social, las pensiones de quienes han dedicado su vida al trabajo, los servicios de seguridad social, los recursos nacionales. Es decir, las posibilidades de desarrollo humano y social de millones de mexicanos. Todo para rescatar al puñado de millonarios que se mantienen de los millones de mexicanos que aportamos nuestro trabajo para crear la riqueza del país.
En lo que va de la Legislatura, hemos rechazado las reformas que creemos que vulneran a la ciudadanía. Aunque hemos aprobado reformas con el consenso de todos grupos parlamentarios, cuando creemos que son benéficas. Incluso, por vez primera logramos que se aprobaran no pocas ni insignificantes inciativas propuestas por el propio PRD.
En lo particular, como parte de mis labores, he presentado 20 iniciativas de ley e intervenido en los debates de la Cámara sobre los temas que implican las comisiones a que pertenezco: Justicia, Seguridad Pública, Distrito Federal, Asuntos de la Juventud y Estudios Legislativos.
En materia de atención ciudadana, hemos realizado más de 800 gestiones ante diversas autoridades y logrado, en general, buenos resultados.
Al término de la Legislatura, quedarán pendientes legislativos y políticos, pero sabremos que éstos son apenas los primeros años de pluralidad política.
Iniciativas rechazadas
Fue el 60% de los votantes el que decidió que desde hace tres años la actual Cámara de Diputados tuviera mayoría opositora. Desafortunadamente, todos sabemos que existen partidos que se ostentan como oposición, pero a la hora de las grandes decisiones de la nación votan puntualmente con el partido del gobierno federal. Igual que en Legislaturas anteriores, cuando respaldaron la reforma al artículo 27 constitucional para poner en venta la propiedad comunal y ejidal de la tierra, cuando apoyaron la privatización de la banca, de Ferrocarriles Nacionales, de Teléfonos de México, de la industria petroquímica y de cientos de empresas nacionales, cuando aprobaron el incremento del IVA de 10 a 15%, en esta legislatura, el Partido Acción Nacional votó a favor de legalizar el fraude más grande en la historia de México: el Fobaproa, convirtiéndolo en Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
A casi seis meses de terminar nuestra gestión legislativa, puedo afirmarles categóricamente que el PRD se ha mantenido, en todo momento, fiel a la voluntad popular, votando de acuerdo con el interés de la población. Por eso, rechazamos las propuestas de presupuesto enviadas por el Presidente de la República, en las que se asignaron al Fobaproa, en 1998, 10,719 millones de pesos; en 1999, 22,195 millones, y para este año, 40,030 millones de pesos. Eso sólo como abono de los casi 100,000 millones de dólares, es decir, casi un billón de pesos, a los que actualmente asciende el costo del Fobaproa.
Igualmente, votamos en contra de un nuevo incremento al IVA, de 15 a 17%, que en 1997 propuso el Presidente Ernesto Zedillo. Y en 1998 y 1999 volvimos a rechazar la propuesta, disfrazada en la facultad que tendrían los estados para aumentar dos puntos porcentuales el impuesto sobre el consumo final.
Nos opusimos a otras reformas aprobadas por PRI y PAN, como la desaparición del Banco Nacional de Comercio Interior, debido a que esa institución perteneciente al Estado se encontraba abocada a apoyar a la pequeña y mediana empresa nacional. Si teníamos que rescatar a alguna institución bancaria, dijimos, se trataba de la banca de desarrollo. Pero se prefirió pagar la quiebra de instituciones como Banca Serfin que las que sí podían otorgar beneficios a la población.
Apoyamos la creación del Registro Nacional de Vehículos para que el gobierno tuviera la posibilidad de ubicar rápidamente a los propietarios de los automóviles en todo el país y ello coadyuvara a resolver los casos de vehículos robados. Pero no aceptamos que ese registro fuera administrado por una institución privada, como finalmente se aprobó, pues ello sería tanto como concesionar el Registro Civil o cualquier otro registro público. Dijimos en aquella ocasión que podría suceder que más que al control vehicular, el administrador privado encargado del registro se dedicase a lucrar con los propietarios de autos, como ya está sucediendo en los estados donde se ha puesto en marcha.
Igualmente, votamos en contra de la reforma al artículo 123 constitucional que otorga a los agentes de seguridad pública un régimen de trabajo sujeto a la discrecionalidad de los mandos en turno, debido a que ello, más que eliminar la corrupción podría servir para garantizar la cadena de impunidad que, generalmente, va de arriba hacia abajo más que al revés.
También rechazamos la creación de la Policía Federal Preventiva, ya que podría funcionar como una policía política y porque además se le dotaron de facultades inconstitucionales, como la de investigar y perseguir delitos, competencia exclusiva para el Ministerio Publico y su policía. Hemos constatado que tristemente teníamos razón. Esa policía, a la que ilegalmente se le incorporó a casi 5,000 soldados, fue la que golpeó y encarceló a los estudiantes de la UNAM. Qué fácil fue para el comisionado de la Policía Federal Preventiva, el señor Wilfrido Robledo Madrid, detener a más de 1,000 estudiantes en menos de una semana, pero en un año no ha podido encontrar a su primo prófugo de la justicia, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, que se dedica a dar entrevistas a los medios de comunicación.
Apoyamos la creación de nuevos tipos de delitos graves, para quienes incurran en conductas como el robo en carretera; quienes produzcan, introduzcan, enajenen, adquieran, posean o detenten documentos bancarios indebidamente, o los falsifiquen; alteren o desaparezcan documentos públicos; así como el lavado de dinero, la corrupción de menores y la pornografía infantil, pero no estuvimos de acuerdo en que la piratería pasara a ser también un delito grave, dado que se desvirtuaba el sentido de este tipo de delitos, que es proteger derechos humanos, de los ciudadanos, no los de las corporaciones empresariales. Tampoco coincidimos en que la tentativa de delitos graves se castigara como tales, dado que no se había consumado la conducta imputada. E, igualmente, votamos en contra de ampliar el término de la flagrancia a 72 horas, dado que ello podría prestarse al abuso de autoridad, pues cualquier persona podría ser detenida sin orden de aprehensión. ¿Cómo se podría sostener que se halló al presunto delincuente cometiendo el delito después de transcurridos tres días?
No obstante la constante coalición PRI-PAN, la pluralidad existente no ha sido inútil. La Cámara de Diputados dejó de ser la oficialía de partes del Presidente de la República, en la que sólo se legislaba lo que el titular del Poder Ejecutivo decidía y los legisladores eran levanta dedos.
Por primera vez, estamos debatiendo y aprobando iniciativas de los propios diputados, de los ciudadanos. Es más, iniciativas de la oposición.
El que el PRD cuente con una cuarta parte de la Cámara de Diputados abrió la posibilidad de trabajar en el consenso de diversas reformas pendientes. En algunos casos se trata de modificaciones verdaderamente trascendentes.
Reformas civiles
Casi al inicio de la Legislatura, logramos aprobar, por fin, un paquete de reformas civiles y penales para sancionar la violencia al interior de la familia. Porque, en una sociedad acostumbrada al abuso y la vejación, teníamos que empezar por la adopción de una nueva cultura de la convivencia familiar. Y por lo tanto, comenzar a eliminar la impunidad que se gesta y se legitima cuando una mujer o un hijo son agredidos por otro miembro de la familia. No podíamos seguir contemplando, tolerando y reproduciendo esa forma abusiva de convivencia en la que los hijos obedecen o son maltratados, en la que la esposa era un ser pasivo condenada a la obediencia y sumisión al marido bajo la amenaza permanente del uso de la fuerza.
Los perredistas estamos convencidos de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y como tal, debe ayudar a que sus miembros se desarrollen con armonía, con capacidad de decidir colectivamente, con posibilidades de que cada uno de sus miembros puedan desarrollarse en su interior.
Hace algunos años, las perredistas hicimos nuestro el lema de muchas mujeres que se han dedicado a pugnar por la igualdad de derechos para todos: La democracia, decíamos, comienza en la casa. Y con las reformas aprobadas contra la violencia intrafamiliar comenzamos a hacer posible esa democracia, que es la cotidiana.
En materia civil, aprobamos también varias reformas por consenso. A iniciativa del PRD, logramos cancelar la entrada en vigor de las reformas salinistas en materia inquilinaria que permitían que los contratos de renta pudieran hacerse en dólares, que fueran por el tiempo que decidiera el arrendador y que pudieran incrementarse en el porcentaje que él mismo quisiera. Para bien de los inquilinos no se ejecutaron esas normas.
Aprobamos, a iniciativa de nuestro partido en la Asamblea Legislativa, la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio para el Distrito Federal, con el fin de regular la convivencia de los condóminos en la Ciudad y establecer sanciones para quienes incumpliesen esa normatividad. Afortunadamente, ya es competencia plena de la propia Asamblea legislar en materia civil, como debería suceder con cada reforma que implique al Distrito Federal.
Protección a niños, niñas y adolescentes
También por consenso, en la presente Legislatura hemos aprobado diversas para reformas encaminadas a proteger a los niños y a los adolescentes.
Además de las reformas en materia de violencia intrafamiliar, tipificamos los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil, para quienes induzcan, procuren, faciliten u obliguen a un menor o incapacitado a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución o ebriedad.
Además, introdujimos en la legislación la figura de adopción plena, lo que implica que ahora los menores dados en adopción podrán tener los mismos derechos que los hijos consanguíneos. Es decir, derecho heredar de los padres, derecho a pensión, además de los derechos a la educación y a la alimentación. Gracias a esta reforma, los hijos adoptados plenamente ya no serán objeto de la discriminación que significa llevar en el acta de nacimiento el sello de adopción y los trámites para quienes deseen adoptar un hijo serán más sencillos, para favorecer el crecimiento y desarrollo de menores en el seno de una familia.
Asimismo, establecimos la obligación del Estado para proteger a los niños, las niñas y los adolescentes. Es asombroso, pero el Estado mexicano no estaba obligado a garantizar a los menores derechos específicos. El artículo 4º. de la Constitución establecía únicamente que era obligación de los padres proveer a los hijos de educación, salud y un lugar digno donde vivir. Por eso los niños de la calle han recibido la limosna del gobierno. Ahora, será el Estado el encargado de proteger a los menores y dotarlos de condiciones de vida digna.
Reformas respecto de los jóvenes
En materia de juventud, el PRD ha presentado varias iniciativas. Una de ellas, fue la de creación del Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo descentralizado del gobierno federal para diseñar y coordinar los programas del Poder Ejecutivo dirigidos a los jóvenes. Se trata de una institución que ya existe desde el año pasado y cuyo funcionamiento hemos seguido de cerca.
Con el fin de incentivar la participación política de los jóvenes, aprobamos también la reducción de la edad para contender como candidatos a diputado federal de 21 a 18 años, y a senador, de 30 a 28 años. Pero el Senado de la República decidió mantener la edad para diputado en 21 y reducir la de senador a 25 años.
Reformas penales
En materia penal ha habido retrocesos, pero también claros aciertos.
Realizamos una serie de reformas constitucionales para enmendar el daño que el PRI y el PAN hicieron a nuestra legislación en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, cuando determinaron que para integrar una averiguación previa se requería demostrar los elementos del tipo penal. Ello implicaba que el Ministerio Público no pudiese solicitar una orden de aprehensión contra un delincuente sin antes haber satisfecho requisitos absurdos, que más bien eran decisivos para demostrar la culpa y no para abrir una investigación. Por ello, regresamos a la anterior redacción con el fin de que la investigación del Ministerio Público tenga como fin demostrar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado. Ello ha permitido que se pueda proceder sobre muchos delincuentes que antes recurrían al amparo fácilmente y quedaban impunes en goce de su libertad.
Igualmente, aprobamos el incremento de la pena para quienes incurran en tráfico, posesión, portación y acopio ilegal de armas.
Determinamos que el decomiso de bienes producto del crimen organizado, como las casas o inmuebles, dinero o cualquier propiedad no reclamable o abandonada, asegurada a narcotraficantes y bandas organizadas de delincuentes, se hará a favor de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Establecimos sanciones para quienes desvíen precursores químicos.
Reformas ambientales
En materia ambiental también obtuvimos claros avances. A iniciativa del PRD, se reformó la Constitución para establecer el derecho de los mexicanos y por lo tanto la obligación del Estado para proveer un medio ambiente adecuado que permita el desarrollo y bienestar de la población. Y se dotó a los órganos de procuración de justicia ambiental de autonomía orgánica, financiera y de ejercicio.
Igualmente, introdujimos la obligación del Estado para promover la educación ambiental en la búsqueda de la preservación de la vida y el cuidado del medio ambiente a través de los programas de estudio de las escuelas y los medios de comunicación.
Además, se estableció la reserva de distintas especies marinas para la pesca exclusivamente deportiva.
Y se aprobó también la prohibición de fumar en edificios públicos y cerrados.
Cultura
Quiero destacar especialmente el logro del PRD para proteger a la industria cinamatográfica mexicana. Con las modificaciones a la Ley de Cinematografía, los exhibidores están obligados a reservar el 10% del tiempo total de exhibición para la proyección de películas nacionales en sus salas cinematográficas. Asimismo, deben estrenar cada película mexicana durante un periodo mayor a una semana, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que sea inscrita en el Registro Público.
Se establece también que las empresas que promuevan la producción, distribución, exhibición y/o comercialización de películas nacionales o cortometrajes realizados por estudiantes de cinematografía, contarán con estímulos e incentivos fiscales, así como los productores cuyas películas sean reconocidas o premiadas en festivales cinematográficos internacionales.
Además se determina la creación de un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, para el fomento y promoción permanente de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.
Por otro lado, el día de ayer acabamos de arpobar la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro. En México acostumbran leer únicamente 5 millones de habitantes, de los cerca de 100 millones que ahora somos. Por ello, se pretende incentivar a la industria del libro y obligar a los distintos órdenes de gobierno a emprender acciones para fomentar esa magnífica herencia para transmitir la cultura que es la lectura.
Otras reformas sociales
Como parte de otras reformas sociales, regulamos la libertad para pertenecer a asociaciones ganaderas y para que éstas formen parte de uniones o confederaciones, con el fin de comenzar a eliminar el corporativismo de Estado en que ha forjado sus cimientos el partido oficial.
Igualmente, la Cámara de Diputados determinó limitar la posibilidad de subrogar los servicios del IMSS a particulares. Es decir, concesionarlos. Y establecimos el acceso de que las personas con discapacidad para inscribirse al IMSS, que absurdamente la ley les impedía. Aunque estas reformas a la Ley del IMSS se encuentran pendientes de aprobación por parte del Senado.
Reformas políticas
En materia de competencia política, dotamos a las autoridades municipales de mayores facultades, como la de asegurar el pago de contribuciones, designar áreas ecológicas, autorizar o solicitar la intervención de la Policía Federal Preventiva y ejercer directamente los recursos de la hacienda municipal.
Igualmente, aprobamos en la Cámara de Diputados dos reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales que el PRI ha detenido en el Senado. Una de ellas, dirigida a impedir el uso de los colores patrios en cualquier emblema de partido político. La segunda, para eliminar requisitos excesivos para la formación de coaliciones electorales, suprimir los márgenes de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, hacer posible el voto de los mexicanos residentes en el extranjero y prohibir la publicitación de acciones de gobierno durante las campañas electorales.
Distrito Federal
Logramos avanzar un paso más en la reforma política del Distrito Federal. A iniciativa de la Asamblea Legislativa del D.F., realizamos dos reformas al Estatuto de Gobierno de nuestra ciudad. La primera, para establecer las competencias que tendría el primer gobierno electo por la ciudadanía y la primera legislatura de la Asamblea Legislativa. La segunda, para establecer la elección de los gobiernos delegacionales y sus respectivas competencias. Es esa reforma la que hará posible que el próximo 2 de julio elijamos por primera vez a los titulares de las delegaciones, que ahora se llamarán jefes delegacionales.
Además, gracias al esfuerzo coordinado de los diputados a la Asamblea Legislativa, el Gobierno de la Ciudad y los diputados federales del PRD, logramos que para este año, a diferencia de los anteriores, la Ciudad de México no fuera excluida de las aportaciones federales. Y este año se le dotaron de 7,000 millones de pesos más como entidad federativa.
El farsante Diego Fernández de Ceballos dijo que el PRD cambió su voto a favor de la asignación de recursos al IPAB por esa incorporación del Distrito Federal a las aportaciones de las entidades federativas y la aprobación del monto de endeuamiento. Es mentira. En 1998 nos ofrecieron aprobar recursos para el DF si votábamos a favor del Fobaproa. El entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fue el primero en decirle al gobierno federal que prefería gobernar con austeridad, reducir los salarios de los funcionarios públicos y denunciar ante la ciudadanía capitalina el atropello contra la ciudad, lejos de pedirnos a los diputados federales renunciar a nuestros principios aprobando el ignominioso Fobaproa.
En 1999 el PRI nos volvió a presionar con que no aprobaría recursos a la Ciudad si no apoyábamos la asignación de presupuesto para el Fobaproa-IPAB. Por supuesto que no aceptamos. Andrés Manuel López Obrador volvió a decir que el PRD no hace cambalaches de voto estilo PAN. Por eso el PRI votó en contra de la asignación de recursos para el DF. Y no necesitamos más que la razón para que se aprobaran las aportaciones, por cierto, menores de las que le corresponden al Distrito Federal. Por supuesto que el PRD no ha votado ni votará a favor de un solo centavo para el Fobaproa, ahora IPAB.
Fortalecimiento del Poder Legislativo
En esta legislatura plural, hemos podido avanzar en el fortalecimiento de las funciones del Congreso de la Unión. Desde su fundación, el PRD ha pugnado por hacer realidad el equilibrio entre los poderes, con el fin de terminar con este régimen casi unipersonal en el que parece que sólo existe la voluntad del presidente de la República.
Pudimos dotar al Poder Legislativo de la facultad de legislar en materia de deporte y de protección civil.
Igualmente, trasladamos al Senado de la República la facultad de proponer y decidir al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que antes era facultad del Presidente de la República.
Creamos un órgano de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados que absorberá las facultades de la Secretaría de la Contraloría y proveerá de mecanismos más expeditos para detectar y proceder contra actos de corrupción de los servidores públicos.
Reformamos la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para establecer una nueva estructura de las dos Cámaras. Eliminamos la Gran Comisión, el órgano de gobierno integrado únicamente por los miembros del partido mayoritario, para formar un consejo plural para la dirección de los trabajos legislativos. Reducimos el número de comisiones para hacer más expeditos los trabajos de dictaminación legislativa y poder tener comisiones fuertes equivalentes a las secretarías de Estado, para poder vigilar de manera más efectiva al Poder Ejecutivo.
Además, fortalecimos esa labor del Poder Legislativo, para el control del Ejecutivo, creando, con el voto del PRI en contra, diversas comisiones especiales de diputados que se trasladaran a diversos estados en los que se realizarían elecciones locales para evitar el desvío de recursos federales en apoyo a los candidatos del partido oficial. Esas comisiones vigilaron los procesos electorales de Tabasco, Veracruz, Coahuila y Guerrero. Ayudaron a prevenir el uso de recursos públicos para las campañas del partido oficial y, en algunos casos, como el de Tabasco, documentaron irregularidades que más adelante servirían de fundamento para el juicio político que hemos seguido contra el gobernador Roberto Madrazo Pintado.
Presupuesto opositor para el 2000
Finalmente, por primera vez desde que gobierna el PRI, la oposición logró ponerse de acuerdo para modificar el Proyecto de Presupuesto propuesto por el Presidente de la República.
Creamos un fondo para el fortalecimiento de las entidades federativas de 9,543 millones de pesos; asignamos 3,000 millones de pesos más para jubilados y pensionados; incorporamos al Distrito Federal en el fondo de fortalecimiento municipal con 1,392 millones de pesos; incrementamos en 800 millones el presupuesto para vivienda; en 2,500 millones el destinado a la educación; en 300 millones el asignado a reforestación; en 1,150 millones el apoyo para el sector agropecuario; en 160 millones los programas sociales, y redujimos los presupuestos asignados para el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Desafortunadamente, el PRI y el PAN votaron la asignación de recursos al Fobaproa-IPAB en 40,000 millones de pesos para este año.
De igual forma, la propuesta del PAN para que se condicionara la entrega de esos recursos, entre otros puntos, a la devolución del dinero de la campaña presidencial de Ernesto Zedillo que también se incorporó al Fobaproa, fue rechazada por un voto de diferencia, el del panista Francisco José Paoli Bolio.
Trabajo personal
Menciono todos estos logros obtenidos durante la presente legislatura porque ha sido el trabajo arduo de una Cámara distinta en la que los diputados nos hemos dedicado a la búsqueda de consensos. Y gracias a la pluralidad, se han obtenido.
En total han sido cien los dictámanes de reformas o decretos aprobados por la Cámara de Diputados. De ellos, he votado en favor de 80 en su totalidad o con la reserva de algún artículo. Y en contra de 20.
De las 100 reformas aprobadas, siete fueron inciativas suscritas por una servidora, en lo individual o en lo colectivo. Particularmente, trabajé para la aprobación de las relativas a la violencia intrafamiliar y a la cancelación de las reformas salinistas en materia inquilinaria para el Distrito Federal.
Asimismo, he suscrito o presentado otras 13 iniciativas, pendientes de ser dictaminadas, en relación con la seguridad pública, como la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal; de justicia, como de la Ley de Amparo, para otorgar efectos generales a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a la Constitución, para crear un sistema de justicia penal para menores y homologar la edad penal en toda la República.
Igualmente, he propuesto dotar al Senado de la facultad de aprobar los convenios internacionales en materia de lucha contra el narcotráfico que pretenda suscribir el gobierno mexicano, con el fin de evitar incursiones ilegales y violatorias de nuestra soberanía nacional como la que ha realizada a fines del año pasado por el FBI en Ciudad Juárez, Chihuahua, en busca de supuestos narcocementerios clandestinos. O la que mantiene la DEA para la protección de testigos en nuestro territorio nacional o la que practica la CIA a través de sus satélites sobre nuestro territorio en la supuesta búsqueda de sembradíos de drogas.
Los perredistas estamos convencidos de que la intervención estadunidense sobre nuestro territorio y por encima del propio gobierno mexicano, con el pretexto de la cooperación antidrogas, no es inevitable. Ni tampoco es destino manifiesto de nuestro país. Ha sido este gobierno sin dignidad el que no sólo ha permitido el llamado proceso de certificación sino que se ha agachado ante él. Me viene a la memoria aquella entrevista que el señor Francisco Labastida sostuvo hace dos años, siendo secretario de Gobernación, con el gobierno de Estados Unidos, cuando se trasladó a Washington para para anunciarle, unos días antes de la certificación gringa, la pomposa nueva política antidrogas mexicana. Ni siquiera había sido anunciada en México. Hasta lo llamaron “el zar de las drogas mexicano”.
Intervenciones
Quiero comentar, también, que otra labor que realizamos los diputados federales es la discusión de los temas nacionales, con el fin denunciar o proponer soluciones políticas. Es para ello que abordamos la tribuna de la Cámara y planteamos las preocupaciones de los distintos partidos.
En lo personal, he participado en los debates sobre las reformas relativas a la justicia y a la seguridad pública; de las reformas y problemas relacionados con el Distrito Federal; de los asuntos que afectan a la niñez y a los jóvenes mexicanos.
Por ello, intervine en la comparecencia del Secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, para señalarle la insuficiencia todavía lascerante de la calidad y cobertura de la educación pública, que se expresa en que en pleno inicio del siglo XXI todavía uno de cada 10 mexicanos mayor de 15 años es analfabeto, o en que de la totalidad de egresados de la escuela primaria únicamente un 4% logra cursar algún grado de licenciatura.
Y sobre el tema del conflicto en la UNAM, he hablado desde antes de que estallara la huelga universitaria. Advertimos la inconstitucionalidad de aprobar el incremento de cuotas a los universitarios. Junto con varios compañeros legisladores, impulsé diversos puntos de acuerdo para llamar al diálogo y la resolución del conflicto por el acuerdo entre las partes. Presentamos una iniciativa para derogar de la Ley Orgánica de la UNAM la facultad de emitir un Reglamento General de Pagos. Presentamos otra iniciativa para dotar a los universitarios de la facultad de autogobernarse, ya que uno de los problemas de la UNAM es la anticuada y autoritaria forma de gobierno en su interior. Pedimos al rector Francisco Barnés su renuncia a la máxima casa de estudios porque se había convertido en el principal obstáculo para solucionar el conflicto. Cuando el nuevo rector Juan Ramón de la Fuente convocó a su plebiscito excluyendo a los estudiantes en conflicto, advertimos el riesgo de que esa consulta fuese usada para promover y legitimar el uso de la fuerza pública. Ahora, hemos denunciado la serie de arbitrariedades e ilegalidades que se han comentido contra los estudiantes presos políticos de la UNAM. Y estamos promoviendo la aprobación de una ley de amnistía en favor de los inculpados y procesados estudiantes de la universidad.
Ningún joven puede ser tratado como los paristas que defendieron a su entender el futuro de las nuevas generaciones: la educación pública y gratuita. Ningún joven de la UNAM merece que se le considere como delincuente, menos aún cuando los verdaderos delincuentes se encuentran gobernando este país escondiéndose de salir publicados en la lista del Fobaproa. Menos aún cuando el Estado mexicano se ha encargado de recortar las esperanzas de las generaciones que han crecido con el deterioro de vida, que ya no miran sino a la educación como la única forma de lograr acercarse a alguna posibilidad de desarrollo.
También nos hemos abocado al debate sobre la seguridad pública en nuestro país. Por eso, intervine en la comparecencia del secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, para exponerle la inequidad para la distribución de recursos federales a las entidades para en combate de la delincuencia. Ya que mientras el estado de Baja California tiene el mayor índice delictivo del país, de 64 delitos por cada 1,000 habitantes, casi tres veces más que el Distrito Federal, se ha privilegiado a gobiernos como el del Estado de México a la hora de asignar recursos, o a otras entidades que casualmente han coincidido con la celebración de sus procesos electorales.
También hemos criticado insistentemente la impunidad que sigue existiendo en México. Evitaron que hiciéramos pública la lista de Fobaproa y, además, no sometieron a la justicia a uno solo de los defraudadores del sistema bancario.
Mientras se alude a la supuesta peligrosidad de los estudiantes de la UNAM para impedirles su libertad bajo fianza, distinguidos miembros del PRI, como el propio Mario Villanueva o Jorge Carrillo Olea, acusados de encontrarse vilnculados con el narcotráfico, gozan de su libertad. Y por más datos que se ofrecieron en la investigación de Raúl Salinas de Gortari para documetar el fraude que realizó con Conasupo, por más que fue evidente la falsificación de credenciales que realizó, el hermano del expresidente se encuentra en la cárcel con sentencia reducida por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, pero su espuria fortuna se mantiene intacta y en pobable disfute del hermano libre.
Atención ciudadana
Pero los legisladores perredistas no nos hemos dedicado únicamente a la presentación, promoción y acuerdo de reformas legislativas o la exposición de nuestras preocupaciones en la tribuna de la Cámara.
En lo particular, gracias al equipo que conforma la oficina de atención ciudadana en Municipio Libre número 80 y al grupo de abogados que nos auxilian en la misma labor en la propia Cámara de Diputados, hemos atendido más de 800 peticiones de ciudadanos, fundamentalmente, residentes de nuestra delegación Benito Juárez.
Hemos realizado gestiones ante diversas autoridades federales, de la Ciudad y de nuestra Delegación. Entre otros logros, hemos obtenido la incorporación de ciudadanos en el padrón predial, la atención de personas no aseguradas con urgencias médicas en el sistema de salud, la instalación de topes en avenidas de la colonia Portales, el incremento de seguridad pública en calles de la colonia Nativitas, la colocación de estudiantes para realizar su servicio social y una gran cantidad de entrevistas directas entre ciudadanos y autoridades competentes. Hemos intervenido en conflictos entre particulares, logrando el acercamiento y acuerdo entre las partes, como en la reestructuración de créditos bancarios o entre personas que se han ocasionado algún perjuicio en su patrimonio.
Lo saben quienes han requerido nuestro apoyo: No tenemos la varita mágica para la resolución de problemas, pero no nos ha faltado la energía para exigir a la autoridad el cumplimiento de sus obligaciones, así se trate de autoridades provenientes del propio PRD.
Además, hemos asesorado y defendido a víctimas de delitos y a quienes creemos que les asiste el derecho y la razón en diversos juicios. 86 han sido los juicios patrocinados directamente por el equipo de Municipio Libre, en materia administrativa, penal y civil, además de la asesoría en 360 juicios más.
Obtuvimos ya resultados favorables en algunos de ellos, como la recuperación del pago de un seguro por fallecimiento para el hijo de una persona finada, y en otros dos casos, para la esposa viuda. Igualmente, la disminución de una deuda hipotecaria ante Bancomer de 928,533 a 350,000 pesos.
Se recuperaron inmuebles propiedad de cuatro ciudadanos que habían sido despojados por particulares. Se ganó la escrituración de un inmueble para una particular contra una empresa constructora. Se suspendió un embargo promovido por la Secretaría de Hacienda. Se evitó la clausura de un negocio mercantil. Se promovió la regularización de un estacionamiento. Se promovieron nueve amparos directos en materia civil en contra de sentencias definitivas, de los cuales se obtuvieron cinco sentencias favorables. Se dio continuidad a tres juicios de divorcio necesario, para el cumplimiento de las pensiones alimenticias a favor de menores. En dos de ellos, las partes llegaron a un arreglo.
Es apenas una muestra de la labor de ese equipo de atención ciudadana que muchos de ustedes conocen. Por ello, mi agradecimiento al compromiso asumido por los abogados Gloria Briseño, Carlos Alberto Yáñez, Octavio Contreras, Consuelo Valencia y Liliana Pineda, así como a Armando Ramírez.
En fin, compañeras y compañeros, hemos estado trabajando en arduamente en estos dos años y medio de labores. Y seguiremos estando, siempre en el sitio donde podamos seguir sirviendo para el logro de la construcción de la democracia en nuestro país, para alcanzar la ansiada meta de la justicia para las mayorías.
Quedan y seguramente será la próxima legislatura con una mayoría opositora más fuerte y verdadera, la que resuelva tantos y tantos pendientes de la nación. La que pueda eliminar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que sea otra instancia, quizá el propio Poder Legislativo, la que apruebe los incrementos salariales. La que termine de hacer justicia a los jubilados del país. La que convierta en delitos graves los cometidos por servidores públicos como el abuso de autoridad, la concusión, la coalición de servidores públicos, el uso indebido de atribuciones. La que logre que se haga pública la declaración patrimonial de los servidores públicos.
Ahora nos toca garantizar que en el próximo Poder Legislativo haya más diputados y senadores perredistas.
No queremos más jubilaciones precoces, rescates carreteros o bancarios. No tenemos por qué seguir subsidiando a banqueros incapaces y corruptos, y a funcionarios sin vocación de servicio y con adicción al dinero.
Nos toca a todos salir a buscar juntos el voto en favor de los candidatos del sol.
¡Vivan nuestras candidatas a diputadas locales y federales!
¡Viva Cristina Gaytán!
¡Viva Esmeralda Vázquez!
¡Viva Carmen Parra!
¡Viva nuestro candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador!
¡Viva nuestro candidato a la Presidencia de la república, Cuauhtémoc Cárdenas!
¡Viva el PRD!
¡Viva México!
